Para los responsables políticos, administrativos y operadores del sistema de seguridad, es bien sabido que la información es el principal activo con que cuentan para comprender y atender el fenómeno delictivo en todos sus niveles. Desde la información provista por un testigo para señalar a un acusado, hasta las estadísticas que permiten interpretar y diseñar las políticas. 

La emergencia pública global ocasionada por la pandemia de Covid-19 alteró todas las actividades económicas, sociales y políticas en la mayor parte del mundo, lo que ha exigido una mayor dependencia de  Internet y los sistemas de comunicación móviles. Parece que el trabajo remoto llegó para quedarse, como una nueva normalidad a la que es necesario adaptarse. 

Las entidades de seguridad y defensa en el mundo han llegado a un consenso global de utilizar LTE (4G, 4.5G, 5G) como el estándar para la evolución de comunicaciones de misión crítica, complementando sus redes nacionales PMR actualizadas a IP.